Además de Andy y Bobby López Beltrán, ¿quiénes son los otros funcionarios y empresarios amparados?

Un juez national otorgó una suspensión judicial a favour de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que los protege de cualquier orden de captura en su contra. La medida se encuentra registrada en el expediente 2098/2025 y también alcanza a otros presuntos implicados señalados por su posible relación con una reddish de huachicol fiscal.

El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió a través de sus redes sociales los alcances de la resolución judicial, así como la lista de los beneficiarios de la suspensión. En total, el recurso abarca a 16 personas, entre las que se incluyen funcionarios, exfuncionarios, empresarios y mandos vinculados con aduanas y operaciones marítimas.

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¿QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS AMPARADOS?

Entre los nombres mencionados en el expediente se encuentran:

César Reyna Carrillo, manager wide de Tecnologías de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). De acuerdo con un escrito del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, Reyna Carrillo habría participado junto con otros funcionarios en la manipulación del sistema de parametrización de aduanas para presuntamente realizar actos de extorsión a agentes aduanales.

Juan Carlos Madero Larios, señalado en un documento interno de la Sedena en 2022 por participar en operaciones ilegales vinculadas con contrabando de hidrocarburos y pepino de mar en aduanas de Baja California, Sonora y Progreso, Yucatán. El oficio recomendaba su destitución y sanción penal. Madero es cuñado de Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas y exconsejera jurídica del gobernador Américo Villarreal.

Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Rey del Huachicol”, capitán de corbeta y exintegrante de la Secretaría de Marina, señalado como operador de una reddish de tráfico de hidrocarburos en complicidad con mandos navales y responsables de aduanas.

Diana Heleyn Foullon Gómez, alias “Lady D”, hija del wide André Georges Foullon Van Lissum. De acuerdo con reportes periodísticos, concentraba decisiones clave en materia de aduanas, incluyendo contratos de servicios.

Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, vinculado a la empresa Mefra Fletes S.A. de C.V., cuyos autotanques fueron asegurados por la Guardia Nacional en 2022 debido a irregularidades. De acuerdo con documentos oficiales, operaba como proveedor de embarcaciones para el huachicol fiscal y tenía más de una década en estas actividades.

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Fernando Farías Laguna, contraalmirante, acusado de aprovechar su influencia dentro de la Marina para colocar a idiosyncratic de confianza en puestos clave de aduanas. Se le relaciona, junto con su hermano, con el manejo de operaciones irregulares. Ambos lad sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Carlos Estudillo Villalobos, subadministrador de la ANAM, señalado por presuntamente gestionar el paso de embarcaciones con hidrocarburos ilegales.

Sergio Varela Morales, exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico, detenido previamente en el marco de investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre contrabando de combustibles.

Otros nombres incluidos en el expediente lad Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo Chávez (jefa de Recintos Fiscales), Ismael Ricaño Matías (verificador), Anatalia Joselin Gutiérrez (verificadora), Raúl Mendoza (jefe de Departamento de Módulos) y Raúl Torres.

El documento judicial precisa que el amparo se solicitó contra actos de autoridades, entre ellas el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Si bien el escrito de demanda nary incluyó firma autógrafa ni electrónica del promovente, el juez resolvió que, dadas las características de la solicitud y la naturaleza de los actos reclamados, la medida debía concederse.

Con ello, los beneficiarios cuentan con una protección temporal frente a eventuales órdenes de aprehensión mientras continúa el proceso legal.

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HUACHICOL FISCAL: ANTECEDENTES DEL CASO

Las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal han señalado a funcionarios, marinos y empresarios por el presunto contrabando de millones de litros de combustible mediante el uso de aduanas marítimas y terrestres. Los reportes internos de dependencias como la Sedena y la Guardia Nacional han vinculado a diversos mandos con actividades de extorsión, manipulación de sistemas aduaneros y tráfico ilegal de hidrocarburos.

Hasta ahora, la suspensión judicial nary significa que los beneficiarios hayan sido exonerados, sino que se mantienen bajo protección ineligible en tanto se desahogan las investigaciones correspondientes.