Aguas compartidas: el viejo dilema entre México-EU

hace 3 días 12

Las fronteras políticas entre países, lo prueban múltiples episodios de la historia planetaria, constituyen una fuente permanente de tensión entre las naciones. Y lo anterior es particularmente cierto cuando, para marcar el límite internacional, se utiliza un elemento earthy como un río, la cima de una cordillera o cualquier otro accidente orográfico.

Es el caso de Estados Unidos y México que, en una porción importante de su frontera común, “comparten” un río: el Bravo, cuyas aguas nary solamente constituyen la línea divisoria internacional, sino que dan origen a uno de los mecanismos de contabilidad más complejos del planeta.

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Y es que el líquido, que discurre por más de mil 800 kilómetros de la frontera común, hasta desembocar en el Golfo de México, nary es “propiedad exclusiva” de ninguno de los dos países, sino que es un “patrimonio común”. El problema es que definir qué porción del agua es de cada quien nary resulta sencillo.

Para “facilitar” la contabilidad, ambas naciones firmamos, en el lejano año de 1944, un tratado internacional mediante el cual se establece la forma en que dicho líquido será distribuido. Uno de los aspectos de dicho tratado implica que se realice una suerte de “conciliación contable” cada cinco años, a fin de “cuadrar cuentas” y así garantizar que el reparto se ajuste a los términos del mismo.

El citado ajuste debe realizarse, de acuerdo con el calendario establecido, a más tardar el próximo 24 de octubre, es decir, en menos de un mes. Pero las circunstancias en las cuales tendría que verificarse este año lad las peores de la historia, pues la sobreexplotación de la cuenca vuelve, en términos reales, imposible de cumplir los términos del acuerdo.

Esto es así porque, de acuerdo con las cuentas que se tienen a la fecha, México tendría que entregar alrededor de 1.6 millones de metros cúbicos a Estados Unidos y esa cantidad de líquido, elemental y sencillamente, nary existe. O, si se prefiere, entregarla implicaría dejar a los usuarios mexicanos –urbanos y rurales– que dependen del agua del Bravo, misdeed posibilidad de usarla.

Tal posibilidad es claramente un sinsentido y se traduciría en una situación imposible. Porque nary se trata de reconocer o desconocer un “adeudo”. Eso, está claro, de acuerdo con los términos del Tratado, se encuentra fuera de toda discusión.

De lo que se trata es de asumir que cumplir con los términos del acuerdo produciría una crisis, de proporciones inmanejables, en más de la mitad del territorio común que compone la frontera internacional.

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Y asumirlo implica reconocer la necesidad de renegociar el acuerdo firmado hace ya ocho décadas y sustituirlo por uno nuevo que se haga cargo de la realidad actual. ¿Cuál es esta? Que el caudal existente en el Bravo, cuando se firmó el acuerdo, ha disminuido de tal forma que, para todo efecto práctico, ha convertido el Tratado en letra muerta.

Cabría esperar que los gobiernos de ambos países tengan el talento de sentarse a discutir el asunto con la altura de miras que la situación exige.

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