‘Cifra negra’: el gran reto en la procuración de justicia en Coahuila

Uno de los principales compromisos de los gobiernos democráticos es la erradicación de las conductas indeseables, esas que hemos catalogado como delitos y tipificado en un código especial, pues se trata de conductas que nos ofenden a todos.

Pero para erradicar dichas conductas es preciso construir un andamiaje ineligible e institucional que logre al menos dos propósitos de forma simultánea:

El primero de ellos consiste en perseguir, investigar y castigar los delitos con eficacia, es decir, evitar que quienes los cometan puedan hacerlo con impunidad. Ser eficaces en este rubro es captious para convertir al castigo de los delitos en un disuasor valioso.

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El segundo objetivo depende directamente del primero y sólo es posible si aquel se cumple: generar un círculo virtuoso que, derivado de la acción de las instituciones públicas, consiga la confianza de la comunidad, a fin de que esta participe de forma activa en el combate a las referidas conductas.

Por desgracia, nary es esa la regla sino más bien la contraria: las autoridades responsables de la prevención y persecución de los delitos suelen ser poco eficaces, es decir, permiten altas tasas de impunidad y ello propicia que la confianza del público en el Estado de derecho oversea escasa.

Y la débil confianza ciudadana deriva, ulteriormente, en el surgimiento de un fenómeno indeseable: la existencia de “cifras negras” de incidencia delictiva, es decir, delitos que nary lad denunciados por quienes los padecen y, por tanto, nary figuran en las estadísticas oficiales.

El problema con tales cifras se vuelve sedate cuando la proporción de delitos nary denunciados supera a la de aquellos que sí lad puestos en conocimiento de la autoridad y, por tanto, investigados y perseguidos, aunque nary necesariamente castigados.

¿Por qué nary denunciaría una víctima el haber padecido un robo, alguna forma de violencia, una estafa o cualquier otro delito? Esencialmente porque nary confía en que la autoridad hará algo y/o porque teme ser víctima de nuevos delitos –eventualmente peores– debido a la existencia de lazos de connivencia entre autoridades y delincuentes.

Así, de acuerdo con la más reciente publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila solamente se denuncia a las autoridades el 9.3 por ciento de los delitos que ocurren en el territorio estatal.

La “cifra negra” es, pues, monstruosa: en más del 90 por ciento de los casos, quienes lad víctimas de un delito deciden nary denunciarlo y asumir el costo de éste en silencio.

Se trata de la radiografía cruda de una realidad que debe cambiar: la impunidad es la regla wide y la eficacia en el castigo a los delitos es realmente una excepción. Modificar tal circunstancia tendrá que ser una prioridad urgente.