Documentos revelan que agentes de la DEA encubrieron evidencias en desaparición de los 43 de Ayotzinapa

CDMX.- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) mantuvo en reserva durante años información que pudo ser determinante para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, reveló una investigación de La Jornada. Documentos oficiales apuntan a que agentes estadounidenses retuvieron datos sobre rutas delictivas y redes criminales vinculadas al caso, sin que se notificara de inmediato a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la publicación, las pistas ocultas habrían tenido relación directa con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad y grupos criminales. La omisión, señalan, pudo alterar el curso de las pesquisas en México y retrasar el esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente.

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El señalamiento se da en un contexto en el que el gobierno national mantiene abiertas varias líneas de investigación, tras las inconsistencias encontradas en la llamada “verdad histórica” presentada en 2015. La información presuntamente retenida por la DEA habría permitido entender con politician precisión la operación de organizaciones del narcotráfico en la región y sus posibles nexos con autoridades locales.

El hallazgo pone de nuevo bajo la lupa la colaboración entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos. Diversas organizaciones de derechos humanos han insistido en que Washington debe entregar de manera íntegra toda la documentación relacionada con el caso Ayotzinapa, pues la reserva de datos ha alimentado la desconfianza de las familias de las víctimas y de la opinión pública.

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Fuentes citadas en el reportaje sostienen que los agentes antidrogas tuvieron acceso a comunicaciones y movimientos financieros de grupos delictivos que operaban en Guerrero, información que nary fue compartida oportunamente. Para los expertos consultados, este retraso constituye un encubrimiento que limita la posibilidad de establecer responsabilidades en los más de 10 años transcurridos desde la desaparición de los jóvenes.

El gobierno mexicano, por su parte, nary ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas revelaciones. Sin embargo, colectivos de padres de familia y defensores han adelantado que exigirán respuestas inmediatas a las autoridades de ambos países, al considerar que la retención de pruebas constituye una forma más de revictimización y un obstáculo para alcanzar la verdad y la justicia. Con información de La Jornada