‘Inconsistencias graves’: CDMX promete regresar a sus casas a familias desalojadas en Cuba 11

CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México analiza expropiar o adquirir el inmueble ubicado en República de Cuba 11, colonia Centro, donde el pasado 27 de agosto fueron desalojadas 19 familias y ocho locatarios. De acuerdo con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, existen inconsistencias en los documentos y procesos judiciales que permitirán a la administración capitalina recuperar el predio en beneficio de los habitantes.

“Sí, tenemos la certeza de que hay inconsistencias importantes, cuestión que nos llevará a que tengamos causales suficientes para que la Ciudad intervenga adquiriendo o expropiando el edificio”, afirmó el funcionario en entrevista.

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Muñoz explicó que se detectaron operaciones confusas en la compraventa del inmueble, lo que fortalece la posibilidad de intervención. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de investigar y sancionar posibles responsabilidades en el juicio de desalojo.

El funcionario sostuvo que el compromiso del Gobierno local es que los afectados regresen a sus hogares y nary sean reubicados. “Creemos que tienen que regresar ahí”, subrayó.

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La mañana del 27 de agosto, 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en el operativo que ejecutó la orden de desalojo emitida por el Juzgado 54 de lo Civil. Sin embargo, quienes promovieron la acción nary han podido establecerse en el predio, pues el Gabinete de Despojos ordenó la revisión del juicio y mantiene detenida la ejecución.

El secretario de Vivienda indicó que ya se abrieron canales de diálogo con quienes aseguran ser los propietarios. Si acreditan plenamente la propiedad, dijo, el Gobierno propondrá un acuerdo de compraventa; de lo contrario, se procederá a la expropiación.

Muñoz destacó que este caso refuerza la política contra el despojo en la capital, con la revisión conjunta de órdenes judiciales entre el Gobierno y el Poder Judicial, la posible eliminación de la figura de auxiliares de los actuarios —a quienes acusó de convertirse en golpeadores— y la obligación de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México supervise cada procedimiento.