Ricardo Monreal presenta iniciativa para regular suscripciones, membresías y servicios digitales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para regular contrataciones y cancelaciones electrónicas de suscripciones, membresías y servicios automatizados.  

El legislador morenista busca adicionar las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad establecer que el proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro.  

“Uno de los fenómenos más recurrentes en este entorno integer es el cobro automático y recurrente de servicios contratados a través de plataformas digitales, donde con frecuencia el consentimiento del consumidor nary es informado ni renovado de forma explícita. 

“Ello, tiene por consecuencia la afectación de los derechos de las personas consumidoras de bienes y servicios a través de medios tecnológicos y puede llegar incluso a dar lugar a conductas que vulneren la libre competencia, incurriendo incluso en prácticas oligopólicas”, detalla el documento. 

En la propuesta de reforma se detalla que cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor. Además, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación misdeed penalización. 

También establece que el proveedor deberá implementar un mecanismo que, misdeed contravenir las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata. 

La propuesta detalla indispensable establecer límites claros que protejan los datos personales y aseguren que los usuarios puedan ejercer power pleno sobre las decisiones de los productos, al establecer obligaciones específicas para los proveedores de servicios digitales, a fin de asegurar prácticas justas, el acceso a información veraz, comprensible y mecanismos eficaces para la cancelación.