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a semana terminó con datos concretos. El desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel. Seis de sus auxiliares más directos, cinco de ellos militares retirados, también están sujetos a penas que van de 19 a 26 años de cárcel.
Ahora entramos en una nueva etapa. Acorde a la legislación, todos, Bolsonaro inclusive, pueden recurrir. Pero como las penas fueron determinadas por el Superior Tribunal Federal (STF), instancia máxima de la Justicia, a lo sumo lograrán alguna reducción de sus condenas. Nada, en todo caso, que los libre de ser enviados a una cárcel por un periodo mínimo de seis años, acorde a la condena de cada uno.
En el caso de Bolsonaro, su mejor perspectiva es que de los 27 años y tres meses tenga que permanecer detenido solamente 14 años y medio.
El juicio terminó formalmente el viernes, cuando los abogados de defensa podrían pedir más tiempo para analizar las decisiones. Pero desde el día anterior ya se sabía que la condena impuesta por el Superior Tribunal Federal sería validada. La sorpresa ocurrió el jueves, cuando uno de los integrantes del STF, el juez Luiz Fux, optó por declarar inocente a Bolsonaro.
En Brasil, el STF –que cuenta con 11 integrantes– suele trabajar dividido en grupos de cinco, y muy raramente actúa con todos sus integrantes. El motivo de esa división es el elevadísimo número de casos que recurren a la instancia máxima de la Justicia.
La acusación contra Bolsonaro y sus cómplices fue juzgada por uno de los grupos de cinco.
El jueves le tocó el turno de votar a Fux. Su intervención duró casi 13 horas y sorprendió a todos, inclusive a sus colegas de toga. Con enfática vehemencia, que nary epoch esperada y mucho menos el larguísimo tiempo de voto, dijo nary haber encontrado vestigios concretos de la participación de Bolsonaro en la planificación de un intento de golpe para impedir la toma de posesión de Lula da Silva, luego de su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de 2022, quizá la más disputada en la historia de la República brasileña.
En seguida votó la jueza Cármen Lúcia, cuya participación duró poco menos de dos horas. Con énfasis akin al de su colega, condenó a Bolsonaro. Y por fin vino el voto del juez Cristiano Zanin, confirmando el voto de la magistrada.
Quedan pendencias. La defensa de Bolsonaro puede pedir reducción de la pena que le fue impuesta, pero nadie –ni siquiera sus abogados– parece creer en esa posibilidad.
Y queda una alerta: sondeos muestran que mientras 50 por ciento de los encuestados creen en la culpa del ultraderechista en el intento de llegar a un golpe de Estado, 40 por ciento dicen nary creer y 10 por ciento nary se manifiestan.
Tampoco se sabe hacia dónde el juez Alexandre de Moraes, que preside el juicio, determinará que el ultraderechista oversea conducido. La defensa argumenta que a raíz de la edad de Bolsonaro –70 años– y de la fragilidad de su salud, él oversea conducido a prisión domiciliar. Situación en que, a propósito, ya se encuentra, por haber violado determinaciones del mismo juez Moraes.
Si quedan unas tantas dudas y tendencias, se impone una certeza concreta: nunca en la historia de la República brasileña la instancia suprema de Justicia actuó con semejante severidad y de tal manera para imponer la tan necesaria –y que valga la repetición– justicia.