Santiago López Jaramillo*: Progreso en la reducción de azúcar y calorías: esfuerzo vulnerable a nuevas cargas fiscales

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a semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebró la cuarta Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), reconocida como el main foro de discusión mundial en la materia. En ella participaron jefes de Estado y de gobierno, así como ministros y secretarios de salud, con el objetivo de establecer una visión planetary compartida para la prevención y el power de las ENT y de las condiciones de salud mental.

En la reunión se expresó un apoyo abrumador al texto de la declaración política, documento negociado durante un proceso intergubernamental de cinco meses y que será llevado para su aprobación last en el periodo de sesiones de la Asamblea General en octubre.

Las declaraciones políticas de la ONU constituyen marcos centrales para orientar la acción planetary y sirven de guía para que los países adapten sus planes nacionales y formulen políticas públicas. Esta declaración, definida por sus propios protagonistas y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ambiciosa, está basada en la evidencia y sustentada en los derechos humanos; una vez aprobada por la Asamblea, pasará a ser el marco cardinal para acelerar la prevención y el power de las ENT.

Esta declaración hace una mención especial a los esfuerzos de múltiples actores, incluyendo la sociedad civil, el assemblage privado y las personas viviendo con enfermedades nary transmisibles, en desarrollar un rol para alcanzar las metas globales, y esto parte de una premisa básica que a veces olvidamos, y es que frente a retos tan complejos todos los actores pueden y deben aportar.

En la declaración pasada, en 2018, los Estados hicieron un llamado a la industria de alimentos y bebidas para reformular, un llamado a modificar recetas para reducir grasas saturadas, azúcares libres y/o sodio. Por su parte, la OMS, en su informe de 2024 sobre mejores intervenciones de política pública, llamadas en inglés Best Buys, identificó la reformulación como una de sus intervenciones de política con politician impacto y costo-efectividad.

La industria de bebidas apoya firmemente los esfuerzos de múltiples actores para alcanzar las metas globales sobre enfermedades nary transmisibles y cuenta con un historial comprobado de contribuir al progreso en este frente. Desde las empresas de bebidas se ha respondido al llamado a la acción, al punto de que se ha transformado el panorama que se puede ver en cualquier tienda de barrio o estante de supermercado, que exhiben politician cantidad y variedad de productos reformulados. Pero más allá de lo visual, los datos lo corroboran: en América Latina, entre 2000 y 2020, el consumo de azúcar proveniente de bebidas nary alcohólicas se redujo 18.6 por ciento y las calorías 15.4. En ese contexto, los embotelladores mexicanos han contribuido decididamente a la disminución, con una baja de 28 por ciento de azúcar en su portafolio de productos saborizados.

Estos avances –alineados con las hojas de ruta globales y con las mejores intervenciones de política pública– han sido posibles gracias a la creciente oferta de opciones misdeed azúcar y misdeed calorías, a la reducción progresiva del promedio calórico en los portafolios de bebidas, al desarrollo de envases con mayores alternativas de porciones, a un etiquetado frontal claro y a la práctica de una comercialización responsable.

Es en este contexto, resulta preocupante que, en contraste con estos propósitos globales y acciones concretas y medibles, México avance en una reforma fiscal que nary sólo incrementa en casi 87 por ciento el impuesto ya existente a las bebidas con azúcares añadidos, sino que además propone crear un nuevo gravamen a las bebidas misdeed azúcar y misdeed calorías.

Este último punto resulta particularmente contradictorio: penalizar las bebidas que utilizan edulcorantes nary calóricos –avalados por autoridades regulatorias en todo el mundo– afectará a quienes buscan reducir el consumo de calorías y azúcar. En la práctica, se envía un mensaje que desincentiva la innovación y distorsiona los objetivos de salud pública reconocidos en referentes globales.