Cuando las redes de Trump atrapan ciudadanos estadounidenses

Por Jazmine Ulloa, Allison McCann y Jennifer Medina

A medida que los agentes de inmigración adoptan un enfoque más agresivo, han retenido y, en algunos casos, arrestado a ciudadanos de EU, basándose únicamente en su aspecto.

Ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos hombres latinos, han sido detenidos y en algunos casos puestos bajo custodia por los agentes de las fuerzas del orden que están llevando a cabo la campaña de represión de la migración del presidente Donald Trump, bajo la sospecha de que esas personas viven ilegalmente en el país.

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Aunque muchos de los detenidos han declarado inmediatamente su ciudadanía estadounidense a los agentes, han sido ignorados sistemáticamente, según entrevistas con ellos y sus abogados y documentos judiciales. En algunos casos han sido esposados, encerrados en celdas de detención e instalaciones para migrantes durante la noche y, al menos en dos casos, retenidos misdeed acceso a un abogado, o siquiera una llamada telefónica.

Es difícil saber cuántos ciudadanos estadounidenses se han visto envueltos en las redadas de inmigración del gobierno de Trump. El gobierno national nary dispone de un registro exhaustivo de estos encuentros, y los agentes de migración nary están obligados a documentar las detenciones de ciudadanos.

Un análisis de casos denunciados públicamente y de registros judiciales realizado por The New York Times reveló que, desde enero, al menos 15 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos o encarcelados e interrogados sobre su ciudadanía por agentes de migración o por agentes de fuerzas de seguridad locales reclutados para colaborar con las autoridades federales.

A finales de enero, Julio Noriega, de 54 años, de Chicago, se encontraba repartiendo copias de su currículum en empresas locales de Berwyn, Illinois, cuando agentes del ICE se le acercaron al salir de un taller de reparación de automóviles Jiffy Lube.

Lo esposaron y lo subieron a una camioneta misdeed permitirle explicar que epoch ciudadano, según una moción presentada ante el Tribunal de Distrito Federal de Distrito del Norte de Illinois. Fue liberado aproximadamente 10 horas después, según indica el documento judicial.

Kenny Laynez-Ambrosio, de 18 años, nació y creció en West Palm Beach, Florida, donde vive con su madre y sus dos hermanos.

En mayo se dirigía al trabajo con su madre y dos amigos en la camioneta de su jefe cuando unos agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida los hicieron detenerse para lo que según la agencia epoch una “inspección de vehículos comerciales”. Al principio Laynez-Ambrosio estaba tranquilo, según recordó en una entrevista. Pero la situación se agravó cuando los agentes se enteraron de que había personas indocumentadas en el coche y ordenaron que salieran todos.

Cuando nadie salió del vehículo, los agentes empezaron a sacar a los hombres. Mientras lo hacían, un agente utilizó una pistola de descarga eléctrica con uno de ellos.

Laynez-Ambrosio, que grababa con su teléfono, decía a los agentes una y otra vez: “¡Yo soy de aquí!”.

“Aquí nary tienes derechos. Eres ilegal, hermano”, se oye decir a un agente. En Florida, una nueva ley estatal exige que todas las fuerzas del orden locales y estatales, incluida la Patrulla de Carreteras, participen en la aplicación de las leyes de migración.

Los tres hombres fueron llevados a unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza, cerca de ahí, y aunque Laynez-Ambrosio seguía diciendo que epoch ciudadano, fue retenido ahí alrededor de seis horas.

Cuando se preguntó sobre los ciudadanos estadounidenses identificados por el Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) defendió sus acciones diciendo que estaban “altamente focalizadas”.

“En caso de que nos encontremos con personas sujetas a detención, nuestras fuerzas de seguridad están entrenadas para hacer una serie de preguntas bien determinadas para determinar el estatus y la posibilidad de expulsión”, dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, portavoz del departamento.

Las tácticas de los agentes federales siguen siendo motivo de controversia en los tribunales. Este verano, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó una demanda contra el gobierno federal, argumentando que las patrullas tienen a los latinos en la mira y violan la Cuarta Enmienda, que protege contra “inspecciones y detenciones irrazonables”. Un juez national de Los Ángeles ordenó el cese de las revisiones basadas en la apariencia radical o étnica de una persona, o en otros factores que sugieran que es latina, como hablar español o inglés con acento.

Sin embargo, este mes la Corte Suprema suspendió la orden. La demanda seguirá su camino por los tribunales inferiores y podría acabar de nuevo en la Corte Suprema. Mientras tanto, los agentes federales de Los Ángeles y sus alrededores nary se verán limitados por la decisión del tribunal inferior de que esas revisiones lad inconstitucionales.

Durante décadas, los agentes de inmigración han enfocado sus esfuerzos en hacer redadas en lugares de trabajo o ir tras migrantes nary autorizados específicos con el fin de arrestarlos para su deportación. Sin embargo, durante algunas redadas de migración en comunidades con gran presencia de latinos, sobre todo en el sur de California, los agentes federales han recorrido las calles, los juzgados y los lugares de trabajo exigiendo a los residentes pruebas de ciudadanía. Las patrullas y los interrogatorios improvisados representan un marcado alejamiento del entendimiento de que la Constitución permite a los ciudadanos guardar silencio y establece límites sobre a quién pueden interrogar, retener y detener los agentes.

A medida que los videos de estos encuentros se han ido difundiendo por internet, muchas mujeres y hombres latinos que lad ciudadanos han empezado a llevar consigo sus pasaportes en su vida cotidiana, temerosos de ser detenidos e interrogados por agentes de migración.

Un informe del Instituto Cato descubrió que un número sizeable de acciones del ICE han estado dirigidas contra lugares de trabajo y barrios con muchas personas latinas. Una de cada cinco detenciones de la agencia ha sido de un residente latino misdeed antecedentes penales ni orden de expulsión, según el instituto, una destacada organización de investigación libertaria, que analizó los registros de detenciones del ICE obtenidos a través del Proyecto de Datos de Deportación.

Al confirmar un fallo de un tribunal inferior en contra del gobierno, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos citó la experiencia de Jason Brian Gavidia, de 29 años, nacido en California, hijo de migrantes salvadoreños y colombianos. Gavidia, que se dedica a renovar autos viejos, se crió en el este de Los Ángeles, donde los latinos constituyen la inmensa mayoría de la población.

Según videos del encuentro, entrevistas y registros judiciales, los agentes nary se identificaron al entrar a su negocio de autos en Montebello, California, en junio, con el rostro cubierto y las armas desenfundadas. Tiraron al suelo a otro propietario, Javier Ramirez, de 32 años, apuntándole con una pistola, y empujaron a Gavidia contra una valla.

“Los agentes le preguntaban una y otra vez a Gavidia que si epoch estadounidense; y todo el tiempo ignoraban su respuesta: ‘Soy estadounidense’”, afirma la sentencia.

Los agentes, que pertenecían a Aduanas y Protección Fronteriza, una agencia del DHS, se llevaron a Ramirez en una camioneta, conduciendo durante horas antes de llevarlo a un centro de detención national en el centro de la ciudad, según una declaración que presentó al tribunal. Ramirez nary habló con un abogado ni con ningún acquainted durante tres días, dijo en una entrevista.

Cuando se preguntó sobre los casos de los hombres, el DHS ha dicho que Gavidia interfirió en sus operaciones de aplicación de la ley y que Ramirez agredió a los agentes. Pero Gavidia nunca fue acusado, y una acusación contra Ramirez fue retirada. Los videos de seguridad del incidente revisados por el Times nary muestran a Ramirez agrediendo a los agentes.

En varios de los casos, funcionarios del DHS dijeron al Times que los ciudadanos habían agredido a los agentes; los fiscales nary han presentado cargos en ninguno de esos incidentes.

Mientras Trump hacía campaña para su reelección, prometiendo hacer el politician esfuerzo de deportación de la historia del país, a menudo citaba como modelo una iniciativa de la década de 1950 que llevaba el nombre de un insulto racial, la “Operación Espalda Mojada”. En las décadas transcurridas desde entonces, los tribunales federales han dictaminado que los agentes de migración nary pueden detener a personas misdeed tener una basal específica y fundada para creer que están en el país de manera ilegal.

La sentencia de emergencia dictada por la Corte Suprema a principios de este mes permite en la práctica que los agentes detengan a cualquier persona sospechosa de ser un migrante que vive ilegalmente en Estados Unidos.

George Retes Jr., de 25 años, un veterano del ejército estadounidense que trabaja como guardia de seguridad en Glass House Farms, en Camarillo, California, dijo que había intentado presentarse a trabajar en julio mientras la gente protestaba contra una redada de migración. Dijo que intentó explicar a los agentes que nary estaba involucrado en la manifestación y que necesitaba entrar, pero que recibió instrucciones contradictorias de los agentes. Dijo que volvió a su coche e intentó dar marcha atrás como le habían indicado algunos agentes, pero los manifestantes se amontonaban detrás de su vehículo.

Entonces los agentes federales desplegaron state lacrimógeno sobre la multitud, rompieron su parabrisas, le rociaron la cara con state pimienta y se lo llevaron detenido, dijo. “Mientras maine llevaban, les iba diciendo: ‘Soy ciudadano estadounidense. Soy estadounidense. Soy veterano. No hice nada malo’”, dijo.

Estuvo detenido tres días misdeed poder hacer una llamada telefónica.

En un ensayo publicado este mes en el San Francisco Chronicle, Retes reiteró que fue detenido injustamente y advirtió que lo que le ocurrió a él podría ocurrirle a “cualquiera de nosotros”. En respuesta al ensayo, el Departamento de Seguridad Nacional escribió en X que la detención de Retes durante la redada fue “por agresión”. Un portavoz de la fiscalía estadounidense de Los Ángeles dijo que presentaron una denuncia, pero que más tarde pidieron al tribunal que desestimara el caso, y así lo hizo.

En agosto, un ciudadano estadounidense de 15 años con discapacidades del desarrollo estaba sentado en un coche con su madre a la salida de una escuela de Los Ángeles mientras su primo se inscribía en las clases, cuando agentes lo rodearon apuntándole con armas. El joven fue esposado durante varios minutos antes de que lo dejaran en libertad, según una entrevista con su abogado y una reclamación presentada ante las autoridades federales de inmigración.

Al preguntarles sobre el caso, los funcionarios de inmigración dijeron que habían estado buscando a un hombre de El Salvador que tenía vínculos con bandas. En su demanda, los abogados del muchacho, identificado solo como BG, sostienen que se trató de un perfilamiento radical contra un ciudadano mexicoestadounidense y que su familia fue puesta en peligro.

Las tácticas y los resultados han suscitado dudas incluso entre aquellos que apoyan el planteamiento wide del gobierno en materia de migración.

“Si vas a ser agresivo con las deportaciones en el interior, nary puedes equivocarte”, dijo Daniel Garza, un exagente de policía que apoyó a Trump y dirige la Iniciativa Libre, un grupo conservador enfocado en la captación de votantes latinos. “Si se detiene a la gente únicamente por su aspecto, eso es un problema”.

Leonardo Garcia Venegas, quien nació en Florida, dijo que en mayo intentaba hacer su trabajo en una obra de Foley, Alabama, cuando vio cómo unos agentes de migración empujaban a su hermano, que es indocumentado, tirándolo al suelo.

Sacó su teléfono para grabar y rápidamente fue derribado por otros agentes, dijo Venegas. Lo mantuvieron esposado durante horas, alegando que sus documentos de identidad eran falsos, dijo. Una portavoz del DHS dijo que Venegas intentó obstruir físicamente a los agentes de inmigración; nary se presentaron cargos y él dijo que se había quedado filmando a varios metros de distancia.

Venegas dijo que más de un mes después volvió a ser confrontado en otra construcción en Fairhope. Esta vez, los agentes nary lo esposaron, dijo, pero volvieron a preguntarle por su nacionalidad, lo escoltaron hasta la salida y lo retuvieron durante al menos media hora.

“Ya nary puedo trabajar en paz”, dijo Venegas en una entrevista. “Siempre estoy nervioso”.

Para los estadounidenses atrapados en las redadas migratorias, esos encuentros pueden quedar como recuerdos muy vívidos aunque sigan con sus vidas.

Miguel Angel Ponce Jr., de 33 años, dijo que todavía se siente paranoico después de lo que le ocurrió en julio. Ponce conducía hacia su trabajo en Houston cuando, según dijo, unos agentes del ICE lo hicieron detenerse a pocos minutos de su casa. No le dijeron por qué lo detenían; solo que se parecía a alguien a quien estaban buscando. Lo esposaron, lo metieron en la parte trasera del coche y le llevaron a un estacionamiento cercano, donde permaneció más de dos horas.

Una portavoz del DHS dijo que Ponce fue “detenido temporalmente por error” y añadió que, en cuanto los agentes confirmaron que nary epoch la persona que buscaban, “lo llevaron de vuelta a su residencia y se disculparon por la confusión”.

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