ASF: Prevención en sectores estratégicos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera constitución societal del mundo, y ha mantenido, en sus diferentes reformas, su carácter progresista a pesar de etapas de desnacionalización. También ha destacado en el constitucionalismo planetary por la estructura de la administración pública national que establece.

La estructura paraestatal parte de la necesidad de que el Estado cuente con una organización interna suficiente para cubrir necesidades estratégicas de desarrollo. Estas se encuentran relacionadas con el fomento al desarrollo económico y societal del país. Además, la administración pública paraestatal presenta otra naturaleza jurídica y de toma de decisiones, en función de su participación en actividades económicas fundamentales para el país, vinculadas con el crecimiento y estabilidad económica, por ejemplo, en el assemblage energético y en los sectores sociales.

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En el caso del sector energético –aunque con algunas reformas legislativas–, el cambio hacia la figura jurídica de empresas productivas del Estado y, después, el retorno a la figura de empresas paraestatales ha sido cardinal para la economía nacional y configura el rol de la figura del Estado en la dirección, administración y actuar estratégico en el sector.

En el rubro de la energía que se genera, transporta o transmite, distribuye y comercializa en México, los procesos de fiscalización preventiva y participativa –esto es, la participación ciudadana en los programas sociales, así como el enfoque preventivo asumido desde el inicio de mi gestión en la Auditoría Superior de la Federación (ASF)– adquieren un doble valor.

En nuestras visitas a las reuniones de capacitación en estados y municipios, partimos de la basal de que la misma es básica. No siempre se trata –como dicen sectores conservadores cuando hay alguna falla– de corrupción; es más falta de capacitación. Por ejemplo, un assemblage debilitado presupuestariamente es el de las universidades estatales, ya que algunos estados nary pagan correctamente sus aportaciones a las mismas; por supuesto, la parte national sí se paga correctamente y en tiempo.

Por otra parte, el proceso de fiscalización redunda en la mejora de la gestión de las entidades paraestatales que están estrictamente relacionadas con la generación de insumos estratégicos para el desarrollo (ya oversea infraestructura crítica o energía). El segundo elemento de valor es que la fiscalización con enfoque preventivo en las entidades paraestatales permite garantizar que los recursos públicos federales sean invertidos adecuadamente y a partir de razonamientos y principios como la eficiencia, transparencia, oportunidad y economía.

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Debido al valor y carácter estratégico de las tareas que desarrollan las entidades paraestatales, los gobiernos estatales y municipales, así como los programas sociales, resulta importante que su trabajo responda a esquemas de rendición de cuentas. Por ello, las reuniones de trabajo entre dichas instituciones –federales y estatales– y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen un sentido estratégico y preventivo, en tanto fortalece la coordinación institucional, lo que contribuye al crecimiento económico y a la seguridad estratégica.

La vinculación de entes públicos, como es el caso de las empresas estatales y los programas sociales, tiene tal repercusión para el crecimiento económico y la seguridad nacional, que la institución del Estado encargada de la fiscalización de los recursos públicos federales (ASF) revisa además los avances en la capacitación de cada assemblage fiscalizable con el fin de evitar actos de corrupción por desconocimiento y falta de capacitación, lo que sirve para optimizar la gestión de los recursos públicos.

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